WASHINGTON — Un juez federal anuló el sistema ampliado de verificación de votantes creado por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) y la Administración del Seguro Social (SSA), al considerar que viola múltiples leyes federales de privacidad y procedimiento. La decisión, emitida por la jueza Sparkle L. Sooknanan del Tribunal de Distrito de Columbia, ordena dejar sin efecto el sistema modificado SAVE (Systematic Alien Verification for Entitlements) y las notificaciones relacionadas.
El caso, presentado por la Liga de Mujeres Votantes (League of Women Voters) y el Centro de Información Electrónica de Privacidad (EPIC), impugnó la reforma del sistema SAVE ordenada por una orden ejecutiva del presidente Donald Trump en marzo de 2025. Esa orden instruía a agencias federales a crear mecanismos para que autoridades estatales y locales verificaran el estatus migratorio o de ciudadanía de votantes registrados o en proceso de registro.
Según la opinión judicial, la reforma de 2025 modificó el sistema SAVE de tres formas principales: incluyó registros de ciudadanos nacidos en el país (natural-born citizens), accedió a datos de la SSA —incluyendo números de Seguro Social— y permitió búsquedas masivas de registros por parte de usuarios del sistema. La jueza señaló que las agencias sabían que la base de datos violaba protecciones estatutarias, pero procedieron de forma apresurada para cumplir con la orden ejecutiva.
"Las agencias federales que crearon esta base de datos sabían que la base de datos viola esas protecciones estatutarias", escribió la jueza Sooknanan en su opinión. "Estaban apresurándose para cumplir con una orden ejecutiva destinada a reformar las elecciones federales, que les ordenaba crear un sistema para la verificación masiva de votantes".
La jueza determinó que el sistema viola una prohibición de la Ley de Seguridad Social contra la divulgación de números de Seguro Social y otros registros de la SSA. También concluyó que infringe protecciones sustantivas y procesales de la Ley de Privacidad (Privacy Act), que impide la divulgación no consentida de cierta información —tanto por agencias federales como entre agencias— y requiere aviso y comentario público para ciertas acciones. Además, la corte halló que el sistema viola la Ley de Procedimiento Administrativo (APA).
La jueza destacó que, desde que se implementó el sistema, estados como Texas han utilizado la base de datos para depurar sus listas electorales, y algunos miembros de las organizaciones demandantes fueron identificados erróneamente como no ciudadanos, lo que resultó en la cancelación de sus registros de votante. "En resumen, el gobierno federal ha pisoteado a sabiendas los derechos de privacidad de los ciudadanos estadounidenses de una manera que amenaza el sagrado derecho al voto", afirmó la jueza.
La corte anuló el sistema modificado SAVE y las notificaciones relacionadas por considerarlos contrarios a la ley, arbitrarios y caprichosos, en exceso de la autoridad estatutaria y sin observar el procedimiento requerido por ley. La decisión no afecta el sistema SAVE original, que el DHS utiliza para verificar el estatus migratorio de no ciudadanos que solicitan beneficios federales.
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