La Corte Suprema de Estados Unidos emitió el jueves cuatro fallos que afectan la ley migratoria, el derecho a portar armas y la responsabilidad por pesticidas. Dos de las decisiones reducen significativamente protecciones que millones de extranjeros han utilizado para permanecer en el país.
En el caso Mullin v. Al Otro Lado, los jueces votaron 6-3 que cruzar físicamente la frontera es el momento clave en el que una persona "llega a Estados Unidos" según la Ley de Inmigración y Nacionalidad, un estándar que determina quién puede solicitar asilo. El juez Samuel Alito redactó la opinión mayoritaria. La jueza Sonia Sotomayor presentó una disidencia a la que se unieron las juezas Elena Kagan y Ketanji Brown Jackson; Jackson también escribió por separado.
Por el mismo margen de 6-3, el tribunal determinó en Mullin v. Doe que los jueces federales carecen de autoridad para cuestionar las decisiones del secretario de Seguridad Nacional sobre las designaciones del Estatus de Protección Temporal (TPS), eliminando un papel clave de supervisión judicial sobre el programa. Alito redactó nuevamente la opinión mayoritaria, con Kagan disintiendo junto a Sotomayor y Jackson. La consecuencia práctica, según SCOTUSblog, es que la administración Trump ahora tiene un camino claro para revocar las protecciones de TPS para nacionales sirios y haitianos.
La Casa Blanca celebró de inmediato. La administración calificó el par de fallos como "una victoria tremenda", según CNN. La portavoz Abigail Jackson argumentó que el programa TPS "nunca fue concebido como un camino hacia el estatus permanente o la residencia legal" y dijo que el presidente Donald Trump sigue enfocado en "restaurar la integridad de nuestro sistema migratorio", lo que incluye poner fin a "abusos atroces de nuestro sistema de asilo".
Más allá del ámbito migratorio, la jornada del jueves produjo dos decisiones adicionales. En Wolford v. Lopez, el tribunal invalidó una ley de Hawái que prohibía a los portadores de licencias de porte oculto llevar armas de fuego a propiedades privadas abiertas al público a menos que el propietario diera su consentimiento explícito, al considerar la restricción incompatible con las Segunda y 14 Enmiendas. Por separado, una mayoría de 7-2 en Monsanto v. Durnell determinó que la Ley Federal de Insecticidas, Fungicidas y Rodenticidas prevalece sobre las demandas estatales por falta de advertencia presentadas contra Monsanto por su línea de herbicidas Roundup.
Mientras tanto, una batalla separada en la Corte Suprema sobre la ciudadanía por nacimiento sigue atrayendo atención pública. Una encuesta de Quinnipiac University encontró que el 69 por ciento de los votantes registrados quiere que los jueces preserven la ciudadanía por nacimiento, informó The Hill. Un fallo en ese caso podría llegar tan pronto como el lunes, según el mismo informe.
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