La Corte Suprema de EE. UU. dictaminó 6-3 que los agentes de aduanas solo necesitan un 'motivo para creer' que un residente permanente cometió un delito que lo descalifica para reingresar al país, en lugar del estándar más alto de 'evidencia clara y convincente' que varios tribunales federales de apelaciones habían exigido previamente para reclasificar a un residente permanente como solicitante de admisión.

El fallo reescribe el panorama procesal en aeropuertos y cruces fronterizos de una manera que, según advierten abogados de inmigración, podría tener consecuencias graves para los residentes permanentes legales. Una vez que un agente reclasifica a un titular de green card que regresa como alguien que busca admisión —en lugar de simplemente volver a casa— la carga legal se invierte: en lugar de que el gobierno tenga que probar la deportabilidad, el individuo podría verse obligado a demostrar de manera afirmativa tanto su admisibilidad como su elegibilidad continua para su estatus. Las green cards físicas también pueden ser confiscadas mientras esos procesos se desarrollan.

Al redactar la opinión mayoritaria, el juez Clarence Thomas basó la decisión en el lenguaje estatutario de la Ley de Inmigración y Nacionalidad, concluyendo que el Congreso eligió deliberadamente un umbral más permisivo para los agentes destacados en los puertos de entrada, en lugar del estándar probatorio más estricto que algunos circuitos habían impuesto.

El litigio se remonta a Muk Choi Lau, un ciudadano chino y residente permanente legal de EE. UU. que fue interceptado en el Aeropuerto Internacional John F. Kennedy en 2012 después de que las autoridades lo vincularan a una investigación de falsificación en Nueva Jersey. En lugar de admitirlo como residente que regresaba, los agentes lo colocaron en libertad condicional migratoria (parole). Después de que el Segundo Circuito anulara su orden de remoción, la Corte Suprema devolvió el caso a ese tribunal para que resuelva si su condena califica como un delito que implica depravación moral (crime involving moral turpitude, CIMT), la categoría estatutaria que puede desencadenar consecuencias migratorias bajo la ley federal.

Esa clasificación tiene un peso práctico enorme. Un delito que implica depravación moral, comúnmente abreviado como CIMT, abarca en términos generales conductas relacionadas con fraude, robo, falsificación, deshonestidad, perjurio y ciertos delitos violentos. Debido a que el Congreso nunca redactó una definición estatutaria precisa, los tribunales evalúan cada delito según sus propios hechos. Una determinación de CIMT puede afectar la admisibilidad, iniciar procesos de remoción y eliminar la elegibilidad para diversos beneficios migratorios.

La abogada de inmigración Dobrina M. Ustun dijo a Newsweek que la decisión va más allá de un tecnicismo procesal, advirtiendo que los residentes permanentes ahora podrían enfrentar 'graves consecuencias migratorias antes de que su caso penal esté siquiera resuelto', un resultado que, según argumentó, se asienta incómodamente junto a la presunción de inocencia. Ustun recomendó que cualquier residente permanente legal que tenga cargos pendientes o condenas previas busque asesoría de un abogado de inmigración antes de viajar al extranjero, enfatizando que incluso delitos antiguos o aparentemente menores pueden crear complicaciones y que los acuerdos de culpabilidad (plea deals) en particular merecen un escrutinio legal cuidadoso antes de ser aceptados.

Bennett Gershman, profesor de derecho de la Universidad Pace, describió el resultado como 'una enorme ampliación de la capacidad de las autoridades fronterizas para impedir que inmigrantes legales ingresen al país', diciendo que otorga a los funcionarios 'un enorme poder para detenerlos, interrogarlos y retenerlos' y somete a los residentes permanentes que regresan a una amplia discreción del agente.

Los opositores al fallo argumentan que crea un mecanismo para empujar a los residentes permanentes a una postura legal defensiva —obligados a probar su derecho a permanecer— antes de que cualquier alegato penal en su contra se haya resuelto en un tribunal. Los partidarios responden que los agentes en los puertos de entrada no pueden realizar audiencias probatorias completas dentro de las terminales aeroportuarias y que los jueces de inmigración conservan la autoridad independiente para revisar los casos de remoción una vez que se inician los procedimientos.

La decisión se alinea con el esfuerzo más amplio de la administración Trump para expandir los poderes de control fronterizo, según informó Newsweek. Es notable que los fundamentos legales subyacentes para deportar a un residente permanente no han cambiado; lo que el fallo altera es únicamente el umbral probatorio que los agentes deben superar antes de reasignar el estatus de un residente que regresa en la frontera.

Este artículo es solo para fines informativos y no constituye asesoría legal, financiera ni médica. Consulte a un abogado de inmigración con licencia sobre su situación.